El debate sobre la inmigración en las ciudades españolas sigue encontrando réditos electorales en numerosas partes de España. Es cierto que la llegada de personas de otros países implica un cambio de costumbres de la ciudadanía nacional. A menudo, hábitos tan españoles como la defraudación a la seguridad social pasan a ser criticados como si fueran inventos extranjeros. Sin embargo, el extranjero no inventa nada. Repite esquemas de funcionamiento que existían antes de su llegada. Lo que, para algunos, resulta criticable ahora lo es porque lo hacen los "otros", los de fuera. Por lo tanto, conviene aceptar que si algo es contrario al principio de equidad o a la justicia social, lo ha sido siempre independientemente de quien lo haga.
El segundo aspecto es la concentración de la inmigración en algunos barrios. El motivo es también una decisión económica. Los centros de las ciudades suelen estar mejor conectados mediante el transporte público. Por lo tanto, el inmigrante, más pobre que el nacional, necesita de esos servicios públicos en mayor proporción. Otro aspecto, también económico, se encuentra en el precio del alojamiento. En los centros de las ciudades, las viviendas suelan ser más viejas que en la periferia. No se trata de vivienda histórica ocupada por población acomodada. Son generalmente barrios reconstruidos en los años 50 a 70 del siglo pasado sobre la malla urbana de un pueblo que paso de zona agrícola a urbana. Todos los centros de las ciudades dormitorios que rodean a nuestras capitales de provincia han sufrido esta especulación urbanística. El resultado es un urbanismo demoledor para la convivencia con total falta de comodidades actuales tales como carencia de aparcamientos, ascensores, calefacción.
Por lo tanto, la población española en esos barrios ha envejecido. Al fallecer los dueños mayores de estos pisos, los herederos optan por alquilarlos al inmigrante en situación legal que realquilará habitaciones a sus compatriotas para poder pagar la renta. No hay que olvidar que el arrendamiento es un mercado libre en cuanto a precio. Ante el boom de la inmigración a partir de 1992, una parte importante del colectivo inmigrante se encontró en una precaria situación administrativa. No eran legales para obtener tarjetas de residencia pero si eran contratados por la economía submergida. Por lo cual muchos se encontraban a merced de sus propios compatriotas para el acceso a la vivienda mediante realquiler de habitaciones. Al propietario de piso nacional, eso le era indiferente. Ninguna norma impide el empadronamiento en sus pisos llamados patera. Al propietario español, no le importaba los problemas de convivencia que eso generaba. El sólo estaba para ganar dinero.
